El pleno de la Corte Suprema revisará una apelación del diputado Mauricio Ojeda, quien en el máximo tribunal del país busca revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, que de forma unánime optó por su desafuero en la investigación del Caso Manicure.
Un nuevo capítulo tendrá la historia que podría dejar al parlamentario formalizado y con medidas cautelares, todo por el papel que la Fiscalía asegura tuvo en el fraude de más de $700 millones desde las arcas del Gobierno Regional (Gore) de La Araucanía, platas que estaban destinadas a cursos del área cosmética que nunca finalizaron.
Y es que, luego que la Corte de Temuco resolviera acoger la solicitud del Ministerio Público que buscaba su desafuero, la defensa del parlamentario -a cargo del abogado Carlos Tenorio- recurrió a la Suprema para dejar todo esto sin efecto.
Recordemos que el ente persecutor imputa a Ojeda el delito de fraude al fisco reiterado. En palabras del fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, el legislador integró “una cofradía” para hacerse con los recursos del Gore, prestando millonarias sumas de dinero a la Fundación Folab y realizando gestiones para que a ésta se le adjudicaran los fondos asociados a dichos cursos inconclusos, parte de ellos utilizados para saldar la deuda a su favor.
De acuerdo con el recurso que llegó ante el máximo tribunal, el cual se acogió a trámite, la imputación de la Fiscalía y la decisión de la Corte de Temuco para desaforarlo tendrían vicios de derecho.
El escrito alega que “mi representado si bien puede ser empleado público, en caso alguno ha realizado alguna intervención en razón de su cargo, conforme los hechos propuestos por el persecutor.
“Falta fácticamente que se nos señale de qué forma mi representado intervino en dicha adjudicación; es decir, cómo es que un Diputado de la República “en razón de su cargo”, intervino en la adjudicación efectuada por un ente público autónomo, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, y con toda una orgánica y procedimientos previamente establecidos para adjudicar diversos proyectos. De nada de lo reclamado se hizo cargo el Ministerio Público en su presentación, ni menos en sus alegaciones en estrados”, asegura el recurso.
Bajo esta línea argumental, la defensa plantea que “el fallo impugnado adolece una explicación o fundamento que permita explicar, en este caso concreto y a la luz de los hechos planteados por el Ministerio Público, cómo sería que el Diputado Ojeda, haciendo ejercicio de un poder de disposición o sometido a un deber de tutela de los intereses fiscales, en el marco de una operación de carácter pecuniario, ha causado un perjuicio a la Gobernación Regional de la Araucanía, mediante el abuso de dicho poder o la grave contravención a sus deberes. Ninguna palabra hay en el fallo que explique lo anterior, ni menos su ausencia, razón más que suficiente para revocar la sentencia impugnada”.
Ahora, será el presidente de la Corte Suprema quien deba fijar una fecha para que -ante su pleno- se desarrollen los alegatos previo a decidir si se ratifica o se revoca la decisión de permitir que Mauricio Ojeda Rebolledo quede a disposición de la justicia.
