En prisión preventiva quedó Juan Pablo Leonelli Lepín, exmano derecha del gobernador Luciano Rivas y uno de los imputados por el Caso Manicure. La justicia, tras la formalización por fraude al fisco reiterado, accedió a decretar la medida cautelar más gravosa.
Tres jornadas de formalización de investigación fueron necesarias para arribar a esta resolución, luego que el Juzgado de Garantía de Temuco oyera los alegatos de la Fiscalía y de la defensa del imputado, quien era jefe de gabinete del gobernador regional de La Araucanía.
El papel de Leonelli
De acuerdo con el Ministerio Público, tras ser contactado por el diputado Mauricio Ojeda, Leonelli Lepín se puso en contacto con Rinett Ortiz -directora de la Fundación Folab- para enviarle información y propuestas de cursos que eran posibles de realizar con financiamiento del Gobierno Regional.
En la formalización, la Fiscalía también aseguró que el imputado aconsejó postular a convenios por menos de 5.000 Unidades Tributarias Mensuales, para así evitar la necesaria aprobación del Consejo Regional.
Además, abusando de su cargo, habría ordenado a Susan Alarcón -otra imputada en prisión por la misma causa- revisar las postulaciones de Folab y Educc para asegurar su adjudicación, coordinando la resolución de falencias técnicas con Alarcón, Rinett Ortiz y el sociólogo Manuel Mora Chepo.
Finalmente, desde el Gobierno Regional se transfirieron más de $700 millones a ambas fundaciones, recursos que debían materializarse en capacitaciones del área cosmética en Temuco y Padre Las Casas, las que nunca finalizaron. A juicio de la Fiscalía, una vez que Ortiz le confesó que Folab se quedó sin recursos y no podía continuar con los cursos, Leonelli habría tomado su celular para borrar mensajería.
Prisión preventiva
Ante el Juzgado de Garantía de Temuco se solicitó que el imputado cumpliera la medida cautelar de prisión preventiva, principalmente por la causal de riesgo de fuga.
Lo anterior porque, de acuerdo con la Fiscalía, Leonelli no tendría un domicilio definido y frecuenta las ciudades de Temuco y Santiago, antecedente que dificultaría su ubicación en futuras instancias judiciales.
El magistrado Mauricio Torres, sin embargo, argumentó que la prisión preventiva se debía decretar por una razón lógica respecto a otros imputados que cumplen la misma cautelar. Así, estableció la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su reclusión en la cárcel de Temuco.
