Por una serie de vulneraciones a los derechos de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por un proceso penal en contra de 135 mapuches, que durante los años 90 integraron el Consejo de Todas las Tierras.
Asociación ilícita y usurpación fueron los cargos por los que en 1992 se sentenció a los afectados, en una causa que de acuerdo con lo establecido por la corte internacional fue guiada con un sesgo discriminatorio y con una idea preconcebida acerca de la ilegalidad de dicha organización.
El caso se dio en el contexto de la conmemoración de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente, hito que propició la creación de una nueva bandera mapuche y también una serie de manifestaciones reivindicativas por parte de los pueblos originarios, hechos que según la reciente sentencia fueron criminalizados.
Aucan Huilcamán, vocero del Consejo de Todas Las Tierras y una de las víctimas, manifestó que el estado fue condenado por “un conjunto de hechos discriminatorios y raciales que se aplicaron en los tribunales del país y que partió con la nominación del ministro en visita de ese entonces y que el estado de Chile estableció once querellas en contra del Consejo de Todas las Tierras y su organización”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que a los mapuches se les vulneraron las garantías y derechos a la presunción de inocencia, de ser juzgados por un tribunal imparcial, contar con decisiones judiciales debidamente motivadas, a la libertad de pensamiento y expresión, al derecho a la reunión, a la libertad de asociación, al derecho de igualdad y no discriminación, a la libre determinación de los pueblos indígenas y, además, a la publicidad del proceso judicial en su contra.
Por todo esto, se ordenó, el Estado de Chile deberá concretar un acto de reconocimiento de su responsabilidad y además difundir el contenido de la sentencia por las redes sociales del Poder Judicial y de distintos estamentos del Poder Ejecutivo. Junto con ello, se autorizó una indemnización de 20.000 dólares a cada una de las víctimas.
