En prisión preventiva quedaron tres de las siete personas detenidas por hechos de extorsión, usurpación de terrenos y amenazas en Lautaro. De acuerdo con la Fiscalía, exigían dinero a cambio de que propietarios pudieran realizar faenas.
Los imputados, cuyas identidades y rostros el juzgado de garantía prohibió difundir, fueron detenidos este lunes en medio de allanamientos realizados por Carabineros en el sector Dollinco, por causas que datan de un periodo que va desde el 2021 hasta agosto del 2024.
Sobre el procedimiento, el jefe de la Zona Araucanía de Carabineros, el general Patricio Yáñez, dijo que “se desarrollaron seis allanamientos de manera simultánea, con personal de Gope, COP, OS-9, SIP, personal territorial, personal suficiente para dar aseguramiento a esta operación, con diez blancos identificados y de los cuales hubieron siete detenidos con las especies incautadas y que son puestos a disposición del Ministerio Público”.
Horas después se desarrolló la audiencia de formalización y el fiscal jefe de Lautaro, Enrique Vásquez, mencionó que sus antecedentes hacen referencia a que “este grupo se autodenomina como miembros de una comunidad llamara ‘Panchita viuda de Cheuquel Epu’. En este contexto ellos han realizado una ocupación territorial de diversos predios, que pertenecen a distintas víctimas”.
Precisamente tres de los imputados -a quienes se les formalizó por el delito de extorsión- quedaron en prisión preventiva, mientras que a los restantes se les aplicó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a las víctimas y prohibición de acercarse a los predios en cuestión.
“Han obligado a abandonar los predios en algunos casos, en otros le han hecho exigencias económicas, solicitando por ejemplo el pago de 15 millones de pesos a una propietaria que está parcelando un fundo y, en otros casos, como la última de las víctimas, que es un comunero mapuche, que es amenazado con quemar su cosecha si no paga la suma de cuatro millones de pesos en beneficio de estos imputados”, sostuvo el persecutor.
Para esta investigación, el Juzgado de Garantía de Lautaro fijó un plazo inicial de tres meses.
