En prisión preventiva quedó el diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, quien fue formalizado por fraude al fisco reiterado por sus actuaciones en el marco del caso Manicure en La Araucanía.
Otro imputado con la medida cautelar más gravosa anota la causa donde se investigan delitos de corrupción, a propósito de millonarios convenios entre el Gobierno Regional (Gore) de La Araucanía y fundaciones privadas.
En este caso, la Fiscalía sostiene que Ojeda realizó diversas gestiones para que las fundaciones Folab y Educc se adjudicaran más de $700 millones de recursos públicos, incluso haciendo préstamos de dinero a Folab, con el objetivo de darle liquidez y que así pudiera postular.
De acuerdo con el Ministerio Público, las tratativas del diputado con personeros del Gore hicieron posible la adjudicación de estos recursos, parte de los cuales fueron a parar a las cuentas de Ojeda a modo de devolución. Paralelo a esto, aproximadamente 200 mujeres se quedaban sin la oportunidad de terminar sus cursos en el área cosmética, ya que -afirma la Fiscalía- los $700 millones habían sido defraudados.
El ente persecutor además, expuso que el parlamentario planeaba que Folab se adjudicara otros $300 millones para un convenio en el área turística, proceso que gracias a la explosión del Caso Convenios a nivel nacional no se concretó. A ojos de la Fiscalía esto configura el delito de fraude al fisco frustrado.
El fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, dijo que “sin su participación, sin el contacto con estas fundaciones, sin el hecho de financiar estas fundaciones, esta situación no se habría producido, por lo tanto la defraudación de más de 700 millones de pesos está directamente vinculada con su actuación y eso es lo que se ha reconocido en la resolución”.
Luego de la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Temuco decidió aplicar la prisión preventiva, considerando que hay antecedentes suficientes para presumir que el imputado realizó gestiones ajenas a las de su cargo y pudo ser participe de una concertación para defraudar al estado, favoreciendo a una particular -en este caso su amiga Rinett Ortiz, directiva de Folab- en desmedro del resto de sus votantes.
Junto con esto, se otorgó un plazo inicial de 30 días para el desarrollo de la investigación.
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