Se trata de empresas que según la Fiscalía adquirieron madera robada desde fundos pertenecientes a la Forestal Mininco en las comunas de Galvarino y Collipulli. Se trata de la primera vez en Chile que se imputa a personas jurídicas por este tipo de delito.
El Ministerio Público informó que las empresas Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SPA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A., Promasa, el año 2022 compraron madera robada por una organización criminal encabezada por Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, ambos actualmente condenados a cinco años de presidio por hurto y asociación ilícita para la sustracción de madera.
Tras la formalización, seis empresas accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a aportar, entre todas, más de 80 millones de pesos a escuelas rurales de la comuna de Galvarino.
Al respecto el fiscal Enrique Vásquez, señaló que “el objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no solo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo, o no pudiendo menos que saber, su origen ilícito”, agregando que “estamos ante un hito relevante: se trata de la primera formalización contra personas jurídicas por un delito determinado. En este caso, por receptación”, explicó el persecutor.
Todo comenzó el 2022, con una indagatoria que permitió desarticular una asociación ilícita con base en la comuna de Galvarino, dedicada al robo de madera, extorsiones y otros delitos asociados, y que culminó con 15 personas condenadas, entre ellas empresarios forestales, operadores logísticos y dos integrantes de una comunidad vinculada a la Coordinadora Arauco Malleco.
Posteriormente, la investigación en conjunto con el OS-9 de Carabineros, permitió acreditar que, durante ese año, las empresas mencionadas anteriormente adquirieron la madera robada.
La única empresa que rechazó la salida alternativa fue Promasa, que según la investigación adquirió más de 2.300 m³ de madera robada, por un monto superior a 144 millones de pesos. “Esperamos presentar acusación en su contra. En concreto, la investigación continúa respecto de la persona natural que adquirió de madera directa la madera sustraída, y también respecto de la empresa que no tomó las precauciones a efectos de no cometer delito”, señaló el fiscal.
