Se trata de la Asociación de Contratistas Forestales, Acoforag, quienes realizaron una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, afirmando que existen “graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos sufridas por sus asociados en la Macrozona Sur de Chile”. La petición busca que la Comisión exhorte al Estado de Chile a cumplir con el deber de proteger a la población, además de evaluar la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El gerente de la Asociación, René Muñoz, manifestó que “creemos que, tras 12 años sometidos a violencia, secuestros, quemas, destrucción y la imposibilidad de trabajar con normalidad, es necesario que el Estado asuma su responsabilidad sobre lo que hoy ocurre en la macrozona sur”.
A través de un documento presentado el pasado 29 de julio, los contratistas enviaron registro de la serie de hechos violentos ocurridos en los últimos años en la zona, dentro de los que hay homicidios, ataques incendiarios y embocadas. Por todo esto, responsabilizan al Estado por omisión.
Según expresó, Rodrigo Godoy, abogado de la asociación “como parte del sistema internacional de derechos humanos, tenemos el deber de salvaguardar derechos esenciales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de circulación y al trabajo, los que hoy están siendo vulnerados por el Estado chileno al no controlar los actos terroristas en la zona”, afirmó.
