Una turbulenta situación vive el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) en La Araucanía, tras conocerse la grave situación de salud de una funcionaria. Presentó una demanda de tutela laboral que ganó y ahora es objeto de un sumario por Ley Karin.
Versiones diametralmente opuestas son las que tienen el director de la repartición y el abogado representante de la trabajadora, luego que este lunes se diera un complejo incidente en las oficinas de la repartición pública.
El director del regional del Sence, Alejandro Espíndola, despejó que la funcionaria es protagonista de dos procesos distintos, insistiendo en que no ahondaría en su contenido, dado el carácter confidencial de las denuncias.
Frente a lo grave de la situación ocurrida el lunes, Espíndola aseguró que “seguimos prestando todo el apoyo y el acompañamiento a todos los funcionarios”.
“Como toda persona ella puso una tutela laboral y la ganó, que es una situación; y la siguiente situación, que sucede ahora, es que hay una denuncia por Ley Karin, de dos funcionarias y el fiscal pidió una medida de suspensión hasta que termine la investigación”, complementó.
El director regional reforzó esto, agregando que “si uno siente sus derechos vulnerados puede ejercer acciones legales, pero también como servicio tenemos que resguardar la protección de las víctimas y realizar una investigación y esa es la situación que acontece ahora”.
Abogado refuta al director
Instantes después que la autoridad entregara sus palabras, el abogado Eduardo Fernández, quien representa a la funcionaria en cuestión, afirmó que ambas causas estarían ligadas con el fin de perjudicarla.
“Ella fue desvinculada del Sence luego de realizar una denuncia contra un funcionario del Sence de La Araucanía. El Sence en lugar de tomar las medidas necesarias para aclarar estos hechos optó por desvincularla. Nosotros tuvimos que recurrir a los tribunales laborales para que el tribunal ordenara su reincorporación”, dijo.
A esto agregó que “a raíz de toda esta situación desarrolló una enfermedad profesional. El tribunal ordenó que la indemnizaran en 15 millones de pesos, esa suma se pagó por el Sence después de perder todas las instancias, hasta en la Corte Suprema”.
Sin embargo, el jurista fue más allá, asegurando que el sumario que por Ley Karin se sigue en contra de la trabajadora no tendría sustento y sería intencionado.
“Las personas que acosaron a mi clienta no han sido objeto de sumario (…) hay una sentencia judicial que dice que mi representada fue vulnerada en sus derechos y no han hecho nada. En cambio, a mi representada se le imputa una denuncia por Ley Karin que no sabe quién lo hizo, pero ya se encuentra suspendida, es decir, existe una desigualdad en el trato evidente para las personas que están en favor del director regional del Sence y aquellas personas que no están en favor de esta autoridad”, denunció.
Mientras el sumario sigue su curso, la representación de la funcionaria -que está hospitalizada- no descarta nuevas acciones legales o incluso presentar una denuncia en Contraloría.
