La Contraloría constató que el Gobierno Regional (Gore) de La Araucanía y la Seremi de Transportes pagaron casi $400 millones por un proyecto, el cual no se concretó por limitaciones técnicas y retrasos.
Hace días que Temuco comenzó con el pago electrónico en la locomoción colectiva, con un cambio significativo en el cobro de miles de pasajes a diario. Sin embargo, este miércoles se conoció información de un contrato anterior, el que corrió una suerte distinta.
Se trata de la iniciativa “Evaluación de un sistema regional piloto de recaudo, información al usuario y gestión del transporte”, que buscaba instalar validadores eléctricos similares al sistema RED de Santiago en micros de Temuco y Villarrica, bajo la ejecución de la empresa Cityplanning SpA.
Contraloría analizó los traspasos de dinero desde el 1 de enero del 2022 al 15 de marzo de 2024, concluyendo que ambas entidades públicas pagaron $396.907.170 de $461.000.000, pese a que el proyecto no se finalizó.
De acuerdo con los resultados de la auditoría, en Temuco la idea no prosperó por impedimentos técnicos, la poca adhesión de operadores del transporte público y, además, por falta de diligencia y compromiso en el cumplimiento del contrato.
El mismo proceso estableció que tanto el Gore como la Seremi detectaron estos incumplimientos. Incluso, se detectó que hubo informes que la empresa remitió con casi 300 días de retraso, lo que debió ser multado con aproximadamente $95 millones. Según Contraloría, el gobierno regional no aplicó la sanción.
Junto con esto, también se dio cuenta de que, pese al historial de incumplimientos, el Gore dio término anticipado al contrato bajo la causal de mutuo acuerdo con el proveedor, lo que a ojos del ente fiscalizador no se ajusta a las verdaderas circunstancias.
Es así como la Contraloría estableció que las reparticiones estatales no supervisaron efectivamente el cumplimiento de las obligaciones de la empresa privada, posibilitando las irregularidades.
Por esto se instruyó el inicio de procedimientos disciplinarios en el Gore y en la Seremi de Transportes, con el objetivo de determinar responsabilidades administrativas. Además, se ordenó que la primera repartición evalúe el descuento de estados de pago y la efectiva aplicación de la multa.
