La Contraloría ordenó terminar con los libros de asistencia en entidades públicas, instruyendo que el monitoreo horario de los funcionarios se haga con sistemas electrónicos.
Una serie de irregularidades, que incluyen registros ilegibles, adulterados o derechamente fraudulentos, son las consideraciones que el ente fiscalizador tomó en cuenta para obligar a este cambio.
De acuerdo con lo concluido en múltiples controles a organismos públicos, la Contraloría resumió que los formatos físicos “no constituyen un método de control idóneo que permita asegurar la integridad y veracidad de los datos contenidos en ese tipo de soportes y el consiguiente pago de los fondos públicos asociados a la respectiva asistencia”.
Para reemplazar los libros de asistencia, se instruyó la implementación de mecanismos como tarjetas electrónicas, sistemas biométricos, softwares o aplicaciones móviles.
El ente contralor requirió que todas las instituciones públicas sujetas a su fiscalización informen acerca del instrumento de control de asistencia que utilizan en la actualidad, fijando el primer semestre del 2026 como plazo máximo para concretar las modificaciones.
