Una investigación penal y un sumario están en curso dentro de Gendarmería en La Araucanía, luego que se confirmara la liberación de imputado que debía enfrentar una causa originada en la región de Los Ríos.
Un eventual delito de evasión de detenidos, bajo la figura de connivencia, comenzó a investigar la Fiscalía respecto de un funcionario de Gendarmería, luego que desde el Juzgado de Garantía de Los Lagos -en la región de Los Ríos- se interpusiera una denuncia por hechos ocurridos en el mes de julio.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, un hombre fue capturado en Temuco al tener una orden de detención por parte de dicho juzgado. Se había ordenado su prisión preventiva para comparecer ante el tribunal de la región vecina, pero al requerirlo quedó al descubierto que estaba en libertad.
Luis Torres, fiscal adjunto de Temuco, explicó que “lo que debemos investigar es si esto se debe a una conducta de tipo negligente o dolosa, por lo tanto, tenemos que recabar todos los antecedentes desde las cámaras del tribunal de garantía, para demostrar la dinámica de la libertad de esta persona, como así mismo recabar la resolución del tribunal, la orden de ingreso y por qué no fue ejecutada en los términos dispuestos por el tribunal”.
La situación fue abordada en Santiago por el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, quien dijo que el error “no es meramente administrativo, sino que dice relación con la debida concentración y atención que debemos atender, en cuanto a las instrucciones explícitas de la señora magistrado, para no haber retirado las esposas del sujeto en el lugar y haber permitido que acceda a la vía pública”.
La autoridad de la institución penitenciaria también confirmó que se está desarrollando un sumario, que se encuentra en la etapa de formulación de cargos.
Sobre la situación del imputado, desde el Ministerio Público se detalló que, pese al error, compareció por zoom y su causa pendiente fue zanjada mediante un procedimiento simplificado, el cual determinó un acuerdo reparatorio, debiendo pagar $200.000 a una víctima de estafa.
