La Contraloría detectó irregularidades en los gastos del Gobierno Regional (Gore) de La Araucanía, durante la campaña electoral del 2024. Constataron trabajos para medir la percepción ciudadana y analizar las redes sociales del entonces gobernador Luciano Rivas.
Una auditoría, que se concentró en los gastos ejecutados entre los meses de enero y septiembre del 2024, fue la que estableció la existencia de una serie de anomalías en las platas de la repartición que en ese entonces encabezaba Rivas.
De acuerdo con la Contraloría, entre febrero y septiembre de ese año el Gore traspasó, en modalidad de contrato directo, casi $50 millones a la empresa Ananda Comunicaciones SpA, para el servicio denominado “Asesoría de Inteligencia e investigación de Opinión Pública Digital”.
El contrato era para promover y difundir los impactos positivos de programas y proyectos del Gore en la ciudadanía. Sin embargo, se detectó que terminaron realizando una evaluación de la percepción ciudadana de Rivas y además se analizaron las dinámicas e interacciones de sus redes sociales, informando su posicionamiento electoral, estrategia y expectativas electorales.
Junto con ello, el ente contralor estableció que también se confeccionaron informes semanales, en los que se sintetizaba un ranking de alcaldes de La Araucanía en redes sociales, midiendo su posicionamiento y crecimiento.
Otras irregularidades
En el informe de auditoría, también se identificaron falencias en la justificación de dineros asignados por contratos y en la rendición y especificación de servicios.
Además de eso, se constató una excesiva presencia de la imagen de Rivas en las redes sociales del Gobierno Regional de La Araucanía durante agosto, septiembre y octubre de 2024, en plena campaña electoral donde el aludido buscaba la reelección.
De acuerdo a la Contraloría, de 103 publicaciones efectuadas en Instagram, en 88 aparecía Rivas y en al menos 64 estaba etiquetado su perfil.
Se cuestionó la infracción a los decretos que estipulan la difusión de contenido centrado en los logros de las instituciones y que también se vulneraron los dictámenes que prohíben a funcionarios hacer proselitismo vinculando a instituciones con candidaturas determinadas.
En otro de los puntos se cuestiona un trato directo de $69.537.672 con el proveedor Sociedad de Servicios de Transporte y Logística SpA., ya que el trabajo, consistente en ordenar documentación, anteriormente había sido licitado por valores que fluctuaban entre los 29 y los 30 millones.
